“Si se pudo” “si se pudo”, fueron los gritos de triunfo que algunos inmigrantes latinos corearon a las afueras de la Corte Federal de Arizona, celebrando el congelamiento parcial de la ley SB 1070; pero es conveniente analizar si efectivamente este hechos es meritorio de festejo, o es el detonante de una serie de reacciones anti inmigratorias, aún más reforzadas dentro del estado de Arizona. Este breve análisis presenta la situación actual de la ley S.B. 1070.
En lo que va del 2010 el tema migratorio –que parecía no tenía para cuando– resucitó en Estados Unidos de América (EE UU), los que no auguraban futuro próximo a la tan solicitada “reforma migratoria” de esa nación, ahora han tenido que sumarle importancia al tema, aunque claro con sus respectivas reticencias.
Pero el surgimiento de “La ley para apoyo del mantenimiento del orden y vecindarios seguros” S.B.1070 en el estado número 48 de EE UU no es fortuito; en el propio nombre de la ley, se puede visualizar una marcada relación entre los temas de inseguridad y el fenómeno migratorio, que responsabilizan a la inmigración del quebrantamiento del orden civil.
Arizona registra antecedentes legales marcadamente conservadores, con tintes por supuesto anti inmigrantes, debido a la presencia histórica y cada vez más frecuente de inmigrantes latinos, en su mayoría mexicanos. Para no ir muy lejos, en el año 2007, bajo la administración de la gobernadora demócrata Janet Napolitano –hoy Secretaria de Seguridad Interna – se firma la ley “anti coyote” que castiga al migrante por el pago de los servicios a una persona para ingresar ilegalmente a EE UU.
En Arizona, no importa el partido que gobierne; ya que es bajo la administración republicana de Jan Brewer cuando surge la ley S.B.1070, apoyada por diversos grupos provenientes tanto del interior de la entidad como del resto del país.
Esta ley, al promulgarse el pasado 23 de abril del presente año, fue recibida por innumerables críticas provenientes principalmente de organizaciones sociales de Arizona, las cuales de inmediato protestaron a favor de los derechos humanos no solamente de los migrantes, sino de toda aquella persona que se encuentra en ese territorio.
Ante estas críticas, el gobierno de Brewer respondió una semana después –el 30 de abril– con la enmienda H.B.2162, la cual quería dejar claro que en Arizona es ilegal la discriminación racial. Sin embargo, esta enmienda no invalida la S.B.1070 y únicamente matiza las razones para la detención por motivos de raza, entre otras especificaciones.
Pero la H.B.2162, no era suficiente para inhibir los efectos de la S.B.1070, por lo que desde diversas organizaciones (NILC, ACLU), fundaciones (MALDEF), policía estatal (individuales), se suscitaron una serie de demandas, a las que se sumó el Departamento de Justicia de EEUU, demandando al gobierno de Arizona por la ley en comento; alcanzando el número de 7 demandas en su detrimento, agregándosele el recurso “Amicus curiae” (amigos de la Corte)por el que las naciones relacionadas con un tema pueden manifestar su inconformidad. [1]
La encargada de este juicio, fue la jueza Sudan Bolton, quien de las 7 demandas desechó 2 de ellas; pero horas antes del 29 de julio –fecha de entrada en vigor–, invalidó parcialmente los puntos más sustanciosos de la S.B.1070. No entraron en vigor los artículos que son motivo de controversia, la mayoría de los cuales resultaban perjudiciales para los inmigrantes ilegales. A criterio de Bolton, no entró la parte central de este paquete legal que tenía por objeto criminalizar –como un delito menor– el ser indocumentado.
Anteriormente en Arizona, el ser ilegal solo era una falta administrativa y no un delito menor, como lo menciona ahora la S.B.1070, con esta ley en automático y sin juicio previo, una persona podía convertirse en delincuente al no comprobar su estatus legal en el territorio.
El vetar el punto anterior sin duda alguna beneficia en lo específico a los “sin papeles”, pero en lo general, a todas personas que estaban en el territorio estatal y de las que se sospechara fuesen indocumentados; ya que el no portar el pasaporte, se contemplaba como un delito y motivo de arresto, hasta que se comprobara la estancia legal del individuo en el país. Razón por la cual el gobierno de México, emitió una alerta de viaje para toda persona que desee viajar a Arizona, alerta que sigue vigente.
También al acotar la ley, no se criminaliza, el no registrarse ante el gobierno federal de EE UU por estar como extranjero, la SB1070 obligaba al registro, cuya competencia recae únicamente en el ámbito federal y si lo obliga la ley federal de inmigración.
Otro punto inválido, es el de obligar a las policías estatales o inspectores de ciudad, a realizar las detenciones por motivos migratorios. La ley gemela HB2162 ampliaba las facultades a los inspectores de ciudad, condado o estado a supervisar también el estatus migratorio de las personas. Algunas autoridades policiacas, como las del condado de Maricopa –del famoso sheriff Arpaio– están autorizadas pero no obligadas para hacer las detenciones migratorias, que competen solo a instancias federales migratorias.[2]
También no entró de la ley SB1070 el punto que incluía como delito, el albergar, transportar o asistir a alguna persona inmigrante ilegal en el estado. Estas acciones están tipificadas como delito menor a nivel federal, pero con esta nueva ley se pretendía aumentar las sanciones a nivel estatal.
En el ámbito laboral, quedó congelado el apartado que impedía pedir empleo en lugares públicos o en plena vía pública, y más si se obstruía el tráfico a la hora de solicitar empleo en alguna vía pública de las ciudades de Arizona, lo que convertía en un delincuente menor a la persona (s) que obstruyesen el tráfico por esta razón. El solicitar empleo en la vía pública no quedó prohibido, ya que contraviene el derecho a la libre expresión, que es mandato constitucional.
Relacionado a ello, si se convierte en delito con la entrada en vigor de la SB1070, el recoger inmigrantes en la calle para trabajar y obstruir algunas de las vías públicas, lo que constata que inclusive de los problemas del orden vial se responsabiliza a la inmigración ilegal.
La famosa ley S.B.1070 de Arizona, ha hecho que la Casa Blanca empiece a barajar algunas fórmulas legales para no provocar un descontrol nacional en materia migratoria, la cual compete en exclusiva al gobierno federal. Este último argumento, es precisamente uno de los alegatos por los que el gobierno federal de Barack Obama presentó la demanda versus la ley, arrojando la resolución parcial, que ya se conoce.
Pero ello no significa que el espíritu de la S.B.1070 claudique, la ley entró en vigor, y hay grupos de poder estatales y federales interesados en que se aplique en su totalidad. El gobierno del estado de Arizona presentó un recurso de apelación ante el IX Tribunal de apelaciones en San Francisco, California alegando la aprobación total de la ley, con un respaldo nada despreciable de la sociedad de Arizona, quienes inclusive han hecho un fondo de más de 3.6 m.d. para apoyar los gastos del proceso judicial y no desviar fondos del gobierno estatal a esta causa. [3]
Como se ve, el espíritu de la S.B. 1070 permanecerá en un tedioso proceso judicial dentro del Tribunal de apelaciones, que quizá a futuro llegue al Tribunal Supremo de EE UU, y lo que es peor se reproduzca con otros mecanismos legales a lo largo y ancho de todo el país.
[1] Las naciones que apoyan esta causa son: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú. http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2010/jul/cp_227.html
[2] Reporte completo de la S.B.1070 del Immigration Policy Center. http://www.immigrationpolicy.org/special-reports/qa-guide-arizonas-new-immigration-law
[3] Sumando los 1,5 m.d. del multimillonario Timothy Mellon de Wyoming
.http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=283357&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
No hay comentarios:
Publicar un comentario