Revisando en los medios nacionales e internacionales información sobre migraciones, llama la atención un fenómeno que si bien no existe a gran escala en México, si comienza a perfilarse: los desplazados internos a causa de la inseguridad, es decir, gente que tiene que dejar sus lugares de origen para trasladarse a vivir a otros sitios dentro del territorio nacional. En este texto, me propongo esbozar este panorama futuro que podría tener considerables implicaciones en el desarrollo del país.
Si bien es cierto que México tiene una activa movilidad migratoria dentro del territorio nacional, ésta se ha caracterizado por ser originada por motivos económicos principalmente y no por razones de inseguridad, lo que en un contexto de guerra contra el crimen organizado, no puede descartase, y más en algunas regiones como se verá líneas abajo.
La inquietud de este planteo surge al leer sobre la aprobación de una nueva ley en Colombia que devolverá alrededor de 7 millones de hectáreas de tierras robadas a sus propietarios –campesinos en su mayoría– durante el conflicto armado, en los últimos 25 años. [1] Indicando que la mayoría de estas persona al ser despojadas de sus pertenencias por miembros del crimen organizado, narcotraficantes o guerrilleros, tuvieron que huir a otros sitios dentro de Colombia.
Con esta ley, se devuelven las tierras y por ende se brinda la posibilidad de retornar a sus lugares de origen a aproximadamente 4 millones de personas forzadas a desplazarse y despojarse de sus bienes. [2] Colombia, desde hace algunas décadas, vienen presentando una de las tasas más altas de desplazados internos, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),[3] aumento propiciado entre otras razones, por los constantes conflictos armados, guerrillas y situaciones marginales de vida en algunas regiones de este país; situación diferente, pero no distante ni alejada a la que podría suscitarse en México por motivos similares como la inseguridad, delincuencia organizada y el narcotráfico.
Ya es visible, en específico en ciertos estados del país como Michoacán, Jalisco, Guerrero o algunos de la zona Norte, que se registren casos de despoblamiento parcial de varias comunidades rurales, que migran a ciudades más grandes en busca de una supuesta “seguridad” que encontrarán en otros puntos aparentemente con más protección ciudadana.
Me referiré explícitamente a dos ejemplos. El primero en la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán; Guerrero, en donde el pasado 13 de mayo, familias enteras, aproximadamente 100 personas, tuvieron que refugiarse en otra comunidad, Puerto de Ollas, por la violencia generalizada que se vive en esa zona serrana entre grupos criminales y el gobierno federal; estos últimos incluso incentivaron a la gente a salir de su comunidad para resguardarse y salvaguardar sus vidas. [4]
El segundo ejemplo, el poblado de Las Lomas, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, cercano a la zona serrana de Michoacán, donde a finales del mes de mayo huyeron alrededor de mil habitantes, para protegerse de los cruentos enfrentamientos entre los grupos criminales: La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. [5]
Estos dos casos, no son la excepción en el país, podrían enumerarse diversos casos individuales y colectivos de ciudadanos que se ven forzados a cambiar de residencia nacional o incluso internacional, para huir de la inseguridad imperante en el país.
Hago referencia al texto de B. García (2010) sobre la movilidad en la época del movimiento independentista, en donde enuncia como la gente ante el conflicto armado, se movilizaba de ciudades o poblados pequeños más desprotegidos hacia ciudades medianas o grandes en busca de protección; la cual se podía proveer a sus ciudadanos.[6] 200 años después, vemos como esta misma situación se produce paulatinamente, aunque el movilizarse a alguna urbe ya no es garantía de seguridad, sino todo lo contrario.
Termino esta reflexión con dos puntos que quiero destacar, el primero: la debilidad en la salvaguarda del derecho que tenemos todos los ciudadanos de desarrollarnos en nuestro propio lugar de origen, urbano o rural, sin necesidad de trasladarnos y menos por motivos de inseguridad a otros sitios para buscar una mejor calidad de vida. Esta idea, reconocida en varios instrumentos de derechos humanos a nivel internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe ser aplicada en el país.
Y segundo punto, es para enfatizar en las consecuencias que pueden generar el despoblamiento de zonas rurales del país, que abandonan un sector básico en la economía, el agrícola, cuyo descuido también a un plazo no muy largo, será un desafío para la seguridad nacional.
Debemos mantener un monitoreo constante de los desplazados internos en México, en este contexto de guerra contra el crimen organizado, siguiendo muy de cerca el ejemplo Colombiano.
[1] http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-13591860
[2] http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-13542244
[3] http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e492ad6
[4]http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/05/14/index.php?section=sociedad&article=004n1soc
[5] http://www.jornada.unam.mx/2011/05/29/politica/011n1pol
[6] García, M., B. (2010). Independencia nacional y movilidad espacial de la población. En Alba, F., Castillo, M., A., Verduzco, G. (2010). Los grandes problemas de México. Migraciones Internacionales. México: COLMEX. pp. 25 -64.
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